Delegado Protección de Datos en Sevilla
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Cuándo contratar Delegado de Protección de Datos
Algunas empresas están obligadas a designar un Delegado de Protección de Datos (DPO).
El Delegado de Protección de Datos o DPO ha de ser un especialista en materia de privacidad y ciberseguridad. Puede ser interno o externo a la entidad.
La normativa detalla qué empresas y entidades que necesitan nombrar un Delegado de Protección de Datos. Puedes comprobar si tu entidad lo necesitas en las FAQ, un poco mas abajo. Sin embargo, en otros casos no especificados en el Reglamento, es necesario realizar una pequeña evaluación para determinar si tenemos la obligación de contratar in DPO. Para esos casos, ponte en contacto conmigo y te indicaremos si estás exento o no de esta obligación.
La labor del DPO es la de supervisar el cumplimiento de la normativa, informar y asesorar al encargado del tratamiento y a sus empleados. Además será el encargado de atender a los interesados/as cuando ejerzan sus derechos y de ejercer como punto intermediación entre la AEPD y la entidad.
Nuestro servicio de Delegado de Protección de Datos solo cuenta con especialistas titulados y con años de experiencia en la materia.
¿Te imaginas poder centrarte solo y exclusivamente en tu negocio?
Nuestro servicio de DPO ha sido creado con este objetivo.
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Responsable: F. Jesús Escalante. Finalidad: Gestión de su encargo. Legitimación: Consentimiento. Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en la Política de Privacidad.
MI OBJETIVO ES CONSEGUIR QUE TU ENTIDAD CUMPLA LA LOPD DE FORMA SENCILLA Y CON GARANTÍAS.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre el Delegado de Protección de Datos
¿Qué es un Delegado de Protección de Datos?
El Delegado de Protección de Datos (DPD, o DPO por sus siglas en inglés, Data Protection Officer es la figura que supervisa que una empresa u organismo cumple el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)
¿Cuándo es obligatorio? (art. 37 RGPD y la lista del art. 34 LOPDGDD)
El artículo 37 del RGPD obliga a designar un DPO cuando:
- El tratamiento lo realiza una autoridad u organismo público (salvo los tribunales en ejercicio de su función judicial).
- La actividad principal consiste en la observación habitual y sistemática de personas a gran escala (por ejemplo, seguimiento de comportamiento, geolocalización o videovigilancia extensiva).
- La actividad principal consiste en tratar a gran escala categorías especiales de datos (salud, biométricos, genéticos, ideología, etc.) o datos sobre condenas e infracciones penales.
Además, el artículo 34.1 de la LOPDGDD concreta una lista de entidades que en España deben tenerlo en todo caso:
- Colegios profesionales y sus consejos generales.
- Centros docentes de cualquier nivel educativo y universidades, públicas y privadas.
- Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que traten datos de forma habitual y sistemática a gran escala.
- Prestadores de servicios de la sociedad de la información que elaboren perfiles de usuarios a gran escala.
- Entidades de crédito.
- Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
- Empresas de servicios de inversión.
- Distribuidores y comercializadores de electricidad y gas natural.
- Responsables de ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito o de prevención del fraude, incluidos los sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
- Empresas de publicidad y prospección comercial (incluida la investigación de mercados) que traten datos según las preferencias de los afectados o elaboren perfiles.
- Centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas, excepto los profesionales sanitarios que ejercen a título individual.
- Entidades que emitan informes comerciales sobre personas físicas.
- Operadores de juego online.
- Empresas de seguridad privada.
- Federaciones deportivas que traten datos de menores.
Si su entidad no está obligada, puede nombrar un DPO de forma voluntaria (art. 34.2 LOPDGDD). En ambos casos, el nombramiento debe comunicarse a la AEPD —o a la autoridad autonómica competente— en un plazo de 10 días.
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¿Quién puede ser DPO? ¿Interno o externo?
El DPO debe tener conocimientos especializados en Derecho y práctica en protección de datos (art. 37.5 RGPD). No se exige una titulación concreta: la certificación del Esquema AEPD-DPD es una forma de acreditarlo, pero no es obligatoria.
Puede ser:
- Interno: un empleado de la plantilla. Debe disponer de tiempo y recursos suficientes y no puede ocupar un puesto que genere conflicto de intereses (por ejemplo, gerencia, dirección de RR. HH. o de sistemas, que deciden sobre los propios tratamientos que tendría que supervisar).
- Externo: un profesional o una consultora contratados mediante un contrato de servicios. Puede ser una persona física o jurídica, y un grupo empresarial puede compartir un único DPO.
Para la mayoría de pymes y entidades medianas, el DPO externo es la opción más habitual: aporta especialización e independencia real sin el coste de un puesto a jornada completa.
¿Qué funciones tiene?
Las funciones mínimas están en el artículo 39 del RGPD y se completan con los artículos 36 y 37 de la LOPDGDD:
- Informar y asesorar a la dirección y al personal sobre sus obligaciones en protección de datos.
- Supervisar el cumplimiento del RGPD, la LOPDGDD y las políticas internas: asignación de responsabilidades, formación y concienciación del personal y auditorías.
- Asesorar sobre las evaluaciones de impacto (EIPD) y supervisar su aplicación.
- Cooperar con la AEPD y actuar como punto de contacto ante ella.
- Atender a las personas interesadas en el ejercicio de sus derechos y en cualquier consulta sobre el tratamiento de sus datos.
- Gestionar reclamaciones: el afectado puede dirigirse al DPO antes de reclamar ante la AEPD, y la Agencia puede remitirle una reclamación para que la resuelva en el plazo de un mes.
Para ello tiene derecho a acceder a los datos y procesos de la entidad y está obligado al secreto profesional.
¿Cuánto cuesta un DPO externo?
El precio depende del tamaño de la entidad, el volumen y la sensibilidad de los datos, el número de centros y el nivel de dedicación. Como referencia orientativa:
- Pequeñas entidades con tratamientos sencillos (academias, colegios profesionales pequeños, centros de formación): desde unos 50–150 € al mes.
- Entidades medianas o con datos sensibles (clínicas y centros sanitarios, centros educativos, empresas con varios centros): entre 150 y 400 € al mes.
- Grandes entidades, sectores regulados o tratamientos a gran escala: presupuesto a medida, normalmente a partir de 400–500 € al mes.
Como comparación, un DPO interno a jornada completa supone un salario medio en España en torno a 50.000–55.000 € brutos anuales, más costes de empresa.
Antes de contratar, compruebe qué incluye la cuota: horas de dedicación, auditorías, formación, asistencia en brechas de seguridad, gestión de derechos y reclamaciones. Solicite un presupuesto sin compromiso adaptado a su entidad.